El manifiesto de la Pastoral Social de Concepción plantea una interrogante sobre si es momento de otorgar el status de “guerrilla” al grupo criminal EPP para supuestamente permitir una intervención internacional.
El departamento diocesano de la pastoral social está integrado por Catalino González, Marciano Jara, José Arias, Brígida Benítez, Sacerdote Pablo Cáceres y Benjamín Valiente.
En el controvertido comunicado mencionan la reflexión hecha sobre la situación de violencia en el norte del país al cumplirse un año de la muerte de dos niñas en un campamento del EPP tras un enfrentamiento a tiros con la Fuerza de Tarea Conjunta.
También realizan serias acusaciones, citando una serie de desprolijidades, con relación a la actuación del Gobierno y el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ante la muerte de las menores, ocurrido el 2 de setiembre del año pasado en la zona de Yby Yaú, departamento de Concepción.
En el escrito, la Pastoral Social califica de irresponsables a los padres de las niñas fallecidas que de acuerdo a las evidencias halladas en el campamento, fueron reclutadas, uniformadas y fuertemente armadas para enfrentar a los organismos de seguridad y que les ha costado la vida mientras sus líderes huían del enfrentamiento.
La Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público había iniciado una investigación referente a la muerte de las dos niñas.
EL MANIFIESTO
EPP PODRÍA SER SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL
El texto genera una controversia por la posición asumida de parte de la Pastoral Social de Concepción al plantear cuidadosamente como interrogante si ha llegado el momento de que el EPP asuma el status de guerrilla.
Este status de guerrilla o más bien el reconocimiento de beligerancia, consiste, en esencia, en la atribución de un estatuto internacional a la facción sublevada contra el gobierno, legítimo o establecido, siempre que la mencionada facción reúna unas condiciones mínimas e indispensables (territorio, ejército, organización).
Es decir, el EPP y otros grupos obtendrían ventajas políticas tras sus actos criminales y legitimarían sus acciones, entre ellos secuestros y asesinatos cometidos en el país y por los cuales son buscados por la justicia.
