El doctor Clarito Rojas Marín, rector de la Universidad Nacional de Concepción, defendió en forma global el presupuesto en representación de las universidades públicas.
La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) encargada del estudio del proyecto de Ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2023”, presidida por el diputado Arnaldo Samaniego, recibió ayer a rectores de universidades nacionales del interior del país, quienes presentaron su plan de gastos para el próximo año.
En representación de las universidades de Concepción, Ciudad del Este, Pilar, Itapúa, Villarrica del Espíritu Santo, Caaguazú, Canindeyú, Misiones y la Politécnica Taiwán – Paraguay, el profesor doctor Clarito Rojas, destacó las gestiones de las universidades en el sentido que tuvieron la capacidad de mantener una retención del 93 al 95% y una deserción que no pasa el 7%, publicó el portal web de la Cámara Alta.
Seguidamente, presentó a los legisladores que la sumatoria de los presupuestos de las universidades públicas en guaraníes asciende a 470.310.431.358 y que cada inversión que hace el Estado paraguayo por estudiante es de Gs. 10. 864. 182.
Por otro lado, agregó que, con este presupuesto no pueden dar respuestas a ciertos aspectos porque no cuentan con recursos suficientes para implementar la carrera docente, nivel de recategorización en su honorario del docente, recategorización en los rubros administrativos “que están congelados hace una década”, expresó el rector.
En otro momento, hizo referencia a la aplicación de la Ley de gratuidad Nº 6628/20, donde existe inconsistencia en cuanto a la transferencia por parte del Tesoro Público con respecto al plan financiero aprobado. En ese sentido, en el periodo fiscal 2021 solamente se ha transferido el 62% y un 42% al 30 de septiembre del 2022.
Por ello, aclaró que regularmente se revive la transferencia cada mes, no es lo establecido en el plan financiero aprobado, lo cual dificulta la planificación de las licitaciones y el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos propuestos. También mencionó como limitante la vigencia de la Ley Nº 5633/16 porque no pueden tener ingresos genuinos.
Finalmente, solicitó a los integrantes de la CBP la reconsideración de aproximadamente 5 mil millones de guaraníes por universidad.
